Uno de los ejemplos más recurrentes, cuando se habla de inteligencia competitiva, es el de legislación. Hay casos sonados de empresas que han sufrido grandes reveses o que incluso han ido a la quiebra por no estar al tanto de un determinado cambio legislativo.

Especialmente conocido es el caso de aquella empresa de zumos que tenía sus exportaciones concentradas en un mercado africano y que, pese a las evidentes alertas, no supo hasta que le prohibieron seguir vendiendo, que los profundos cambios políticos que sufría ese mercado iban a devenir en ello.

Son numerosas las situaciones en las que la prohibición de un determinado componente por aspectos medioambientales o sanitarios ha tomado por sorpresa a la empresa y sin margen de sustituirlo a tiempo.

El proceso desde un ley o norma se fragua hasta que entra en vigor es, normalmente, muy largo y es, además, bastante sencillo de vigilar, prever y anticipar e incluso para una gran empresas o a través de una asociación sectorial es un proceso en el que se puede influir.

Dependiendo del tamaño, el producto o servicio y el tipo de mercado al que se dirige las organizaciones necesitan distintos tipos de vigilancia, las más comunes son:

• Sistema de alertas sobre los cambios legislativos que se publican: si se dirige a varios mercados, o si le afecta legislación de ámbito regional e incluso local resulta complicado estar al día de todos los cambios que se publican en los distintos boletines.

En estos casos las asociaciones sectoriales son los usuarios que más lo demandan. Estas realizan la labor de recopilar y difundir entre sus asociados los cambios legislativos que pueden afectarles. En muchos casos este servicio justifica, en sí mismo, la pertenencia a la asociación y la amortización de la cuota.

• Un sistema de alerta más temprana: sobre todo para grandes empresas o para empresas muy especializadas que necesitan conocer desde los primeros rumores, desde el primer ruido mediático, o desde que una entidad comienza a revindicar un determinado cambio para poder posicionarse, conformar un lobby de presión o simplemente adecuarse al cambio.

Veamos a continuación algunos ejemplos:

Una asociación de empresas de telefonía con red propia

Las normas que rigen la colocación de antenas o las emisiones radioeléctricas afectan directamente a estas empresas pero, al ser de carácter municipal y además muy cambiante, tener un registro actualizado de estas leyes resulta arduo y tediosos. Es por ello que la asociación sectorial suele ofrecer este servicio a sus miembros o afiliados.

El caso del jamón

Cabe mencionar aquí el caso de la normativa de calidad del jamón. Por el largo camino y polémica surgida hasta la publicación del “Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico” e incluso a posteriori. Una vigilancia legislativa habría detectado con tiempo para tomar postura este aspecto tan relevante para la industria cárnica.